Los derechos de las personas con discapacidad

15 Feb Los derechos de las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad tienen reconocidos una serie de derechos con los que garantizar la no discriminación, el respeto y la igualdad de oportunidades. Estos derechos fundamentales de las personas con discapacidad se reflejan, entre otros, en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. ¡Hoy te hablamos de ella!

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

La Ley General de los derechos de las personas con discapacidad es la normativa legal que reconoce los derechos que le corresponden a este colectivo y establece a los poderes públicos como los responsables de garantizar que se cumplan sus derechos. 
Esta ley, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, se adapta a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y funde en una sola ley la antigua LISMI (Ley 13/1982 de 7 de abril, de integración social de los minusválidos), la LIONDAU (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad) y la Ley de Infracciones y Sanciones (Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad).

Los derechos de las personas con discapacidad que reconoce esta ley

A lo largo de las más de 40 páginas de esta ley se reconocen los diferentes derechos de las personas con discapacidad en España. Aquí te resumimos en qué consisten los principales.

Derecho al respeto de las propias decisiones

Uno de los primeros puntos que menciona la Ley General de los derechos de personas con discapacidad es el principio de libertad en la toma de decisiones. Para que puedan hacerlo, la información debe ser accesible, fácil de entender y adecuarse a las circunstancias personales de cada persona con discapacidad. Por ejemplo, los documentos deben estar en braille para que las personas ciegas puedan comprenderlos.

Derecho a la igualdad

El derecho a la igualdad de personas con discapacidad reconoce que este colectivo tiene exactamente los mismos derechos que el resto de ciudadanos. Para que este derecho sea efectivo, las instituciones públicas deben adoptar y promover medidas con las que las personas con discapacidad puedan ejercer por sí mismas sus derechos.
Se protegerán, de forma especial, sus derechos en materia de igualdad entre hombres y mujeres, salud, empleo o educación, entre otras. Además, las administraciones públicas defenderán de forma más intensa a los grupos más vulnerables como niñas, niños, mujeres o mayores con discapacidad.

Derecho al acceso a prestaciones sociales y económicas

Las personas con discapacidad que no puedan trabajar tienen derecho a percibir una serie de servicios y ayudas entre las que se encuentran la asistencia sanitaria y prestación farmacéutica, la compensación por gastos de transportes o prestaciones económicas para tener un ingreso mínimo o pagar a un cuidador.

Derecho a la protección de la salud

La ley habla en su capítulo II del derecho a la salud de las personas con discapacidad. Este derecho incluye la protección, promoción y recuperación de la salud en condiciones de igualdad y prestando especial atención a la salud mental, sexual y reproductiva.

Además, los problemas de salud de las personas con discapacidad deben atenderse conforme a sus necesidades y las instituciones públicas tendrán que tomar medidas para evitar el empeoramiento de la salud como consecuencia de una discapacidad.

Derecho a la atención integral

Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir apoyos para adquirir su máximo nivel de desarrollo y autonomía personal. De esta forma pueden mantener su independencia y lograr su inclusión y participación en todos los aspectos de la vida.

Para esto, las personas reciben una atención integral a través de un plan llamado programa. Este programa estudia las necesidades de la persona con discapacidad, sus capacidades, las oportunidades que tiene a su alrededor y los apoyos que necesita. Estos programas de atención integral incluyen:

• Habilitación y rehabilitación con médicos y profesionales para hacer que la persona desarrolle al máximo sus capacidades. Por ejemplo, una persona ciega puede aprender a moverse libremente por su casa sin golpearse.
• Atención y orientación psicológica para apoyar y aconsejar a las personas con discapacidad en la toma de decisiones o en el desarrollo de su personalidad. Estos psicólogos también ayudan a las familias.
• Educación. Los colegios, institutos y universidades contarán con los medios necesarios para que las personas con discapacidad puedan asistir a clase.
• Apoyo para el empleo. Las personas con discapacidad mayores de 16 años podrán contar con apoyo para conseguir un trabajo, mantener el que tienen o volver a él. 

Derecho a la educación

El derecho a la educación de las personas con discapacidad también está reconocido en esta ley. Esta educación debe ser inclusiva, de calidad, gratuita y en igualdad de condiciones. 

Serán las instituciones públicas las encargadas de asegurarlo y de tener en cuenta las diferentes necesidades educativas de las personas con discapacidad. Por ejemplo, tendrán que disponer de libros adaptados en lectura fácil.
Excepcionalmente, cuando las necesidades de las personas con discapacidad no puedan ser atendidas en los centros ordinarios, podrán acudir a centros de educación especial. Aún así, el objetivo de estos centros será que sus estudiantes puedan ir a colegios con estudiantes sin discapacidad.

Otros derechos básicos de personas con discapacidades

Derecho a la vida independiente

Para asegurar que tengan una vida independiente y que puedan participar en todos los aspectos de la vida, la ley también habla del derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Para conseguirlo deben ser accesibles los edificios, las ciudades y los pueblos, los productos, los servicios, el transporte, las comunicaciones, las tecnologías o los medios de comunicación. La accesibilidad también debe existir en los puestos de trabajo.

Derecho al trabajo

El capítulo 6 de esta Ley General se dedica al derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Un trabajo que debe realizarse aplicando los principios de igualdad de trato y no discriminación. Las instituciones deben intentar aumentar el número de personas con discapacidad empleadas a través de nuevas oportunidades de empleo y de más apoyos para que estas personas consigan y mantengan su trabajo.

Las personas con discapacidad pueden trabajar en:

• Empresas e instituciones públicas. Los puestos de trabajo deben ser accesibles y estar adaptados para las personas con discapacidad. Además, las empresas públicas y privadas con más de 50 trabajadores tendrán que tener un 2% de trabajadores o trabajadoras con discapacidad.
• Centros especiales de empleo y enclaves laborales. Cuentan con un servicio de ayuda a las personas con discapacidad para que mejoren sus capacidades como trabajadores. Un ejemplo es Dislabora, donde damos empleo a personas con minusvalía legalmente reconocida desde el año 2000.
• Su propia empresa, como autónomos. Las instituciones adoptarán políticas y desarrollarán iniciativas para que las personas con discapacidad puedan crear sus propias empresas.

Derecho a la protección social

Tanto las personas con discapacidad como sus familias tienen derecho a unos servicios y prestaciones sociales dirigidos al desarrollo de su personalidad, a su inclusión en la sociedad o a la mejora de su bienestar. Estos servicios pueden ser prestados por las administraciones públicas o por entidades sin ánimo de lucro que, en todo caso, tendrán que respetar siempre la permanencia de las personas con discapacidad en su medio familiar y entorno geográfico.

Algunos de los servicios sociales que pueden recibir son: apoyo familiar, orientación e información, atención domiciliaria, centros de día y de noche…

Derecho a la participación en asuntos públicos

El derecho al voto de las personas con discapacidad en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos también está contemplado en esta ley. Además, también tienen derecho en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con la discapacidad.